La nueva responsabilidad medioambiental en las empresas

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El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, y el Consejo Aragonés de Cámaras ha organizado la II Jornada de Responsabilidad Medioambiental para explicar a las empresas las novedades que introduce la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y su Reglamento de desarrollo, que entró en vigor parcialmente el pasado mes de abril.

El Reglamento concreta determinados aspectos de la legislación como la regulación reglamentaria de la garantía financiera exigible a determinadas empresas así como los criterios para determinar los daños medioambientales producidos y la determinación de las medidas reparadoras.

Básicamente, el motivo por el que se precisa crear esta garantía financiera obligatoria es el de asegurar que el operador dispondrá de recursos económicos suficientes para hacer frente a los costes derivados de la adopción de las medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioambientales.

Quienes tienen la obligación de constituir esta garantía son los operadores de las actividades incluidas en el anexo III de la Ley 26/2007, con las excepciones que se marcan en el art. 28 y en la disposición adicional séptima.

La garantía financiera se fija según se dispone en los artículos 33, 34, 35 y 36 del Real Decreto 2090/2008, partiendo de un ANÁLISIS DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES verificado de la actividad.

La autoridad competente entonces determinará una cuantía, que nunca será superior a veinte millones de euros.

Los análisis de riesgos ambientales se podrán realizar:

  • Siguiendo el esquema establecido en la norma UNE 150008:2008 u otras normas equivalentes (art. 34 del Reglamento)
  • Utilizando los “MODELOS DE INFORME DE RIESGOS AMBIENTALES  TIPO” (MIRAT)
  • Las “GUÍAS METODOLÓGICAS” aprobadas.
  • Mediante las TABLAS DE BAREMOS establecidas en las Órdenes Ministeriales correspondientes.

Las garantías se podrán constituir:

  • Mediante una póliza de seguro suscrita con entidad aseguradora autorizada.
  • Un aval de entidad financiera autorizada.
  • Una reserva técnica materializada en inversiones respaldadas por el sector público.

Corrección de errores del reglamento

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